En Cataluña pasan cosas…

(Y en París otras que no hubiera querido conocer nunca. En memoria).

La entrada está escrita en Madrid y se refiere a cosas que pasan en Cataluña. Y es que, como ha dicho alguien, “por arte de magia, millones de españoles han visto desaparecer todos los temas que afectan a la realidad de su vida en virtud del proceso soberanista catalán[1] y de la gestión de ambos gobiernos, central y autonómico, añadiría yo.

Pero, en el fondo, siguen ocurriendo cosas que no deberíamos ignorar pero que no nos llegan. Ahí va un ejemplo.

Creo que todos recordamos que, unos años atrás, entre 2011 y 2012, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros colectivos [2] promovieron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la finalidad de regular la dación en pago con efectos retroactivos, de manera que las miles de familias condenadas a la morosidad de por vida tuvieran derecho a una segunda oportunidad, complementada con la moratoria inmediata de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social.

Pese a numerosos obstáculos, recogieron (recogimos) casi millón y medio de firmas (casi tres veces el mínimo exigido legalmente) y, pese a la oposición inicial del Partido Popular, a la sazón con mayoría absoluta en el Congreso, el 12 de febrero de 2012 la ILP fue admitida a trámite en el Congreso de los Diputados, probablemente por la mala imagen que hubiera producido una negativa siquiera a debatir la cuestión, máxime cuando simultáneamente era admitida otra ILP destinada a la declaración de la tauromaquia como integrante del Patrimonio Cultural inmaterial español [3].

La tramitación parlamentaria desguazó el texto de la ILP produciendo, de hecho, su eliminación, al ser fusionada con el texto de un Proyecto de Ley propuesto por el gobierno y que no incluía la dación en pago retroactiva. El nulo efecto del engendro resultante ha sido patente para todos (se concretó en la Ley 1/2013).

Pues bien, los promotores de la ILP (PAH y Observatori DESC  no se dieron por vencidos y, en unión con la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), en 2014 lanzaron una nueva ILP, ahora reducida al ámbito territorial catalán y ceñida, por tanto, a las competencias autonómicas. Esta ILP propone un conjunto de medidas urgentes para paliar lo que define como “emergencia habitacional y  pobreza energética” y recoge actuaciones contra el sobreendeudamiento, los desahucios y los cortes de suministros básicos.  Respecto a la ILP anterior incorpora, por tanto, un nuevo aspecto relativo a las pobrezas energética e hídríca, razón por la que traemos el tema a este blog.

Se recogieron más de las 50.000 firmas necesarias y fue admitida a trámite el 13 de octubre de 2014. La tramitación finalizó en la aprobación, el 23 de julio de 2015, de un texto acorde con el espíritu y la letra del inicialmente presentado. La aprobación se produjo sin ningún voto en contra y la abstención, en soledad, del PP en alguno de sus puntos y dio lugar a la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

En relación con la pobreza energética, el texto aprobado y publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  yen el BOE , establece, entre otras cosas, que:

Las administraciones públicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial, de acuerdo con el artículo 5.10, mientras dure dicha situación”. [4]

Las administraciones públicas deben establecer los acuerdos o convenios necesarios con las compañías de suministro de agua potable, de gas y de electricidad para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial o les apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos mínimos”.

Para que se aplique el principio de precaución […/…], cuando la empresa suministradora tenga que realizar un corte de suministro debe solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial […]”.

Algo que, creo, suscribiríamos la mayor parte de la población en concepto de mínimos y que hoy es ley en Cataluña, aunque todavía no se haya puesto en marcha en su integridad [5]. Pese al retraso, el Ayuntamiento de Barcelona ya está exigiendo a las empresas suministradoras (Aigües de Barcelona, Endesa Catalunya y Gas Natural) que suspendan los cortes de suministro por impago de recibos.

Pero, como no todo podían ser luces, ya han asomado los colmillos de los mismos que tumbaron la ILP estatal. El 8 de octubre pasado (2015), el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno central y suspendió provisionalmente la aplicación del Código de Consumo de Cataluña, Este Código de Consumo era (hasta la aprobación de la ILP) el único texto jurídico con medidas de protección para el consumidor en materia de créditos hipotecarios y de pobreza energética y su suspensión deja hoy a la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética como única defensa legal vigente. Pues bien, ese mismo día 8 de octubre se hizo público [6] que el gobierno central había comunicado por carta a la Generalitat que consideraba discutible la constitucionalidad de algunos de los artículos de la Ley 24/2015 y pedía la constitución de una comisión bilateral Estado-Generalitat. La ofensiva ya está en marcha.

Hoy, que estamos a las puertas de unas elecciones generales, quizá fuera bueno que nos preguntemos quién pretende enfrentar y resolver la pobreza energética y quien, por el contrario, toma el partido de las empresas suministradoras y de quién debemos huir si pretendemos que la iniciativa originada en Cataluña se extienda a otros los lugares, se haga general e incluya los aspectos que exceden las competencias autonómicas y alcancen a los competencias exclusivas del Estado.

Nota aclaratoria: En la entrada nos hemos referido casi exclusivamente a la pobreza energética por la propia definición del blog, pero la Ley incluye medidas más generales relativas a las emergencias habitacionales que merece la pena conocer. Sin derecho a la vivienda no tiene sentido hablar de pobreza energética. Puedes acceder al texto completo de la Ley en http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6928/1438495.pdf.

Nota final: Nos ha sido imposible llegar a saber con certeza (el ruido que todo lo tapa…) si, finalmente, el gobierno central ha presentado recurso de inconstitucionalidad (el plazo finalizaba el pasado 6 de noviembre de 2015) o si se ha constituido la comisión bilateral (en cuyo caso el plazo para la presentación del recurso se extendería hasta el próximo 5 de mayo del 16). Quiera el cielo que el proceso siga su curso sin interferencias

En Cataluña pasan cosas… (Y en París otras que no hubiera querido conocer nunca. En memoria).

NOTAS PERFECTAMENTE PRESCINDIBLES

[1] Gabilondo en El País de 4-11-2015.

[2] La ILP fue promovida por PAH y el Observatori DESC junto a otras entidades sociales y organizaciones sindicales (UGT, CCOO, Taula del tercer Sector, UCC, CON-FAVC y el entonces pujante moviiento 15M)

[3] Realmente la ILP “taurina” pretendía la declaración de la tauromaquia como Bien de Interés Cultural y en la tramitación esta declaración se modificó a la de Patrimonio Cultural

[4] En el caso del gas, el derecho de acceso únicamente se garantiza si el edificio afectado dispone de este tipo de suministro

[5] La entrada en vigor de la Ley, para aquellas medidas que conlleven aumento de créditos o reducción de ingreso, se fija en el ejercicio presupuestario de 2016.

[6] http://afectadosporlahipoteca.com/2015/10/08/la-ley-contra-la-emergencia-habitacional-y-la-pobreza-energetica-no-se-toca/

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2 respuestas a En Cataluña pasan cosas…

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