De las privatizaciones de la gestión del agua pública

En estos días coexisten en los medios (bueno, sólo en algunos medios) noticias acerca de dos procesos que, creo, pueden relacionarse. Uno es el todavía vivo intento de privatizar el servicio del agua en Madrid y el otro, eso mismo, pero en Barcelona.

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Imagen tomada del periódico “Digital

El abastecimiento de agua a la ciudad de Madrid es competencia, desde 1851, del Canal de Isabel II (CYII), que ha ido extendiendo su servicio desde entonces hasta cubrir hoy la práctica totalidad de la comunidad madrileña (más de seis millones de habitantes servidos).

En 1984 el Canal de Isabel II pasó a depender de la entonces recién creada Comunidad de Madrid y añadió a sus funciones originales las de atender a la depuración de las aguas residuales y a la mejora y conservación de los ríos.

El proceso de privatización se inició en 2008, cuando la Asamblea de Madrid aprobó la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que contemplaba la creación de una sociedad anónima responsable de la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. La creación de la sociedad anónima prevista se concretó en julio de 2012, y después de muchas idas y venidas y bajo la denominación de  Canal de Isabel II Gestión, S.A. El 80% de las acciones se atribuyeron a la Comunidad de Madrid y el 20% restante al más de un centenar de ayuntamientos adheridos (al de Madrid, el 10%).

A partir de esa fecha es posible la privatización, sin necesitar más que la aprobación, por parte de la Junta de Accionistas, sin pasar por la Asamblea de Madrid y sin exposición pública. De hecho, en diciembre de 2014 se aprobó una emisión de bonos (600 millones de euros); si los bonos hubieran sido convertibles en acciones (podrían haberlo sido) se hubiera producido ya la entrada del capital privado en la gestión del agua de Madrid.

En su día, Esperanza Aguirre justificó la privatización diciendo que el Canal necesitaba grandes inversiones (unos 4.000 millones de euros) para hacer frente a un pretendido crecimiento poblacional [1].

La mecha de la oposición ciudadana a la pretendida privatización prendió fuerte y así, por ejemplo, la Plataforma Contra la Privatización del CYII  [2] cuestionó la necesidad de los embalses que constituían la mayor parte de la inversión pretendidamente necesaria y llegó a organizar, conjuntamente con las Asambleas Populares del 15M, un referéndum,  en el que, en un solo día, más de 175.000 madrileños expresaron su oposición a la privatización [3].

El anteúltimo acto, cordura dentro de esta locura y que es el que ha hecho volver el tema a los medios, pudiera haber tenido lugar el 22 de diciembre pasado (2015), cuando el nuevo Ayuntamiento de Madrid, con los votos favorables de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, ha aprobado una moción por la que se insta a la Comunidad de Madrid a elaborar una nueva Ley, con la participación de los ayuntamientos, que asegure una gestión cien por cien pública; en otras palabras insta a “la supresión de la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión y el retorno a la fórmula jurídica de entidad de derecho público[4].

El proceso de privatización podría haber entrado en fase regresiva, sin dejar grandes damnificados.

El caso de Barcelona.

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Imagen tomada de “Economía digital

A grandes rasgos y a día de hoy, la distribución del agua urbana desde los depósitos (agua en baja) corresponde a Aigües de Barcelona, empresa privada con una pequeña participación pública (el 15% del accionariado corresponde al Área Metropolitana de Barcelona) [5].

La historia de la gestión del agua en alta (desde la captación hasta los depósitos de las ciudades) ha sido muy distinta [6]. Después de un largo proceso asociado a las transferencias a la Generalitat, en 1990 nace la empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL), como resultado de la Ley 4/1990 [7], en la que se declaró el abastecimiento en alta como servicio público competencia de la Generalitat de Catalunya [8].

ATLL se ha mantenido como empresa pública hasta que, en octubre de 2012 y acuciada por su situación financiera [9], la Generalitat convocó un concurso para su privatización, en el que Acciona [10] fue declarada ganadora. En diciembre de 2012 se firmó el contrato, aportando la adjudicataria 1.000 millones de euros (300 inicialmente y otros 700 a lo largo del periodo de concesión) [11] y obteniendo a cambio la concesión de la gestión de ATLL durante 50 años. La otra empresa participante en el concurso (Agbar [12]) presentó recurso contra la adjudicación [13].

Se inicia entonces una serie de actos judiciales que, sistemáticamente, fallan a favor del recurso. Desde el punto de vista de las medidas cautelares, el Tribunal Supremo ya ha declarado (octubre de 2014) la no anulación de la suspensión cautelar de la anulación de la adjudicación hasta la análisis del fondo de la cuestión y sobre este, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (junio de 2015) ha anulado la adjudicación por haberse producido “una infracción a los principios de publicidad, concurrencia e igualdad”.

El gobierno de la Generalitat ha recurrido el fallo ante el Tribunal Supremo pero, obviamente, ya está en el aire el debate acerca de la repercusión que este esperpento puede tener en las cuentas públicas. El mismo Mas-Colell que justificaba la conveniencia de la privatización ha expresado su confianza en que el proceso judicial “acabará bien” (la pregunta es ¿bien para quién?) y cifró la eventual compensación al adjudicatario, en el caso de que acabara mal, en 326 millones de euros (300 como retorno del pago inicial, entre 4 y 5 como pagos por obras realizadas y el resto por intereses legales) [14].

Pensemos que el desglose tiene una cierta trascendencia ya que pone de manifiesto que, en este caso, la privatización se plantea sin siquiera la disculpa de la necesidad de abordar inversiones imposibles para el sector público de la que hablaba Esperanza Aguirre al justificar la privatización del CYII (el importe de las obras acometidas en estos 3 años ascienden a entre 4 y 5 millones) [15]. La “venta” de ATLL ha resultado ser simplemente el señuelo para conseguir un préstamo encubierto, en lo que parece un fraude de ley, al mismo nivel que lo es vender un bolígrafo bic y regalar una entrada para la final de la Champions.

Pero no es en esa muy optimista valoración de la situación [16] en lo que queremos detenernos. Nos interesa más lo que, al final de la intervención, dejó caer el Conseller: “Creo que sólo hay un escenario en el que tendríamos que pagar mucho […/…] que sería el escenario en el que la Generalitat rescindiese unilateralmente este contrato […/…] iríamos hacia las máximas indemnizaciones”. Terminó con un “no lo haremos”. Si lo que dice el Conseller es cierto y el proceso de privatización no hubiese sido tan chapucero como ha sido, el rescate de la gestión de ATLL sería inviable económicamente durante generaciones.

Lo que se desprende de todo lo expuesto, y a lo que queríamos llegar, es que nuestro sistema (benditos los que lo cuestionan) permite que un gobierno, con un mandato por cuatro años como máximo, puede tomar decisiones que impliquen una renuncia a la gestión pública del agua (en general, de todos los comunes) y que son muy difícilmente reversibles durante muchos años (50 en el caso de ATLL); permite tratar la privatización de servicios esenciales (uno de los derechos humanos reconocidos por la ONU y ratificados por España es el derecho al agua) como si se tratase de la venta de unos cerdos en el mercado. Además, la situación no es simétrica; el paso desde el sector público al privado es sencillo y, a mayores, ayuda a cuadrar nominalmente las cuentas.

¿Qué se podría haber hecho? Ahí está el caso de Madrid. La oposición popular a los intentos concretos es una herramienta. Y yendo un poco más lejos, incluso ahora lo necesario pudiera ser promover que situaciones como las vividas en Madrid y Barcelona no puedan repetirse y que los intentos privatizadores necesiten de un consenso casi general para poder llegar a término.

NOTAS PERFECTAMENTE PRESCINDIBLES

[1] Debe tenerse presente que el CYII era una pieza apetecible para la iniciativa privada, ya que, pese a haber financiado muchas actuaciones que le eran ajenas (Teatro del Canal, mantenimiento del 112, construcción del metrosur, etc.), ha dado beneficios importantes de una forma sistemática. Los beneficios en el último ejercicio cerrado (2014) han ascendido a 225 millones de euros. (http://www.iagua.es/noticias/espana/canal-isabel-ii-gestion/15/04/24/canal-isabel-ii-gestion-cierra-ejercicio-economico)

[2] Se integran en esta plataforma dos docenas de organizaciones (http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/)

[3]  Nos referimos sólo a los que apoyaron el no a la privatización, sin pretender establecer un balance Sí/No, por cuanto, al ser una iniciativa popular, con total seguridad sólo se acercaron a las mesas aquellas personas no opuestas a este tipo de iniciativas de participación. No obstante, para valorar en su justa medida lo que la propia consulta y sus resultados representaron, interesa señalar que se colocaron algo más 300 mesas en toda la Comunidad, lo que es un gran esfuerzo  pero que no puede competir con las más de 6.000 que se instalaron en la últimas elecciones municipales. En esas condiciones, se recogieron 175.000 votos en contra de la privatización.(http://www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/CONSULTA_SOCIAL.htm)

[4] Es reproducción literal de la página del Ayuntamiento de Madrid: http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medios/Notas-de-prensa/El-Ayuntamiento-pide-la-paralizacion-definitiva-de-la-privatizacion-del-Canal-de-Isabel-II?vgnextfmt=default&vgnextoid=de1fa602f59c1510VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

[5] Históricamente, la gestión del agua en baja en Barcelona ha estado en manos privadas al menos desde 1867, cuando se constituyó, en Lieja (Bèlgica), la Compagnie des Eaux de Barcelone. Unos años después, en 1882,  esta empresa fue adquirida por capital francés y se constituyó en París la Sociedad General de Aguas de Barcelona, que pronto pasó a controlar la Empresa Concesionaria de Aguas Subterráneas del Río Llobregat. Se creó así el núcleo original del sistema de abastecimiento en el ámbito de Barcelona (http://www.aiguesdebarcelona.cat/historia). Esta situación de control de la empresa suministradora por capital francés se ha mantenido hasta hoy.

[6] Desde finales de la década de 1970 la mayor parte del agua que llega a los depósitos de Barcelona (red en alta) proviene del Ter, como consecuencia de las obras realizadas por el Estado y explotadas por la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental, que era un organismo estatal, hoy desaparecido como consecuencia de las transferencias a la Generalitat.

[7] http://www.boe.es/boe/dias/1990/04/05/pdfs/A09472-09475.pdf

[8] La disposición afectaba a la mayor parte de los municipios de las comarcas del Barcelonés, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Alt Penedés, Vallés Oriental, Vallès OccIdental y una parte del Anoia

[9] Esto fue expresado directamente por Mas-Colell, Conseller de Economía y Conocimiento, ante la Comisión Parlamentaria de Territorio y Sostenibilidad en la sesión de 7 de marzo de 2013. Entonces justificó la privatización por tres razones:  la situación económico-financiera de la Generalitat, la situación econòmica y financiera de ATLL y, en menor medida, la decisión política de cambiar el modelo de gestión hacia la gestión indirecta, lo que, entre otras cosas, permitiría no contabilizar las deudas de las empresas públicas como deuda pública (http://www.parlament.cat/document/dspcc/56265.pdf).

La razón relativa a la situación de la propia ATLL ha sido muy cuestionada, por cuanto los ingresos de ATLL dependen directamente de las tarifas de agua y estas fueron congeladas en los años previos a la privatización y subieron en los años siguientes.

[10] Según su propia página web, “Acciona es una de las principales corporaciones empresariales españolas, líder en la promoción y gestión de infraestructuras (construcción, industrial, agua y servicios) y energías renovables. Cotiza en el selectivo índice bursátil Ibex-35”

[11] Al Gobierno de la Generalitat, entonces en funciones, le faltó tiempo para apuntar los 1.000 millones completos en sus cuentas y así reducir, nominalmente, el déficit.

[12] Agbar es un grupo de empresas que se dedica “a la gestión del agua y del medio ambiente”. Es tan privada como Acciona y gestiona, a través de Aigües de Barcelona, la gestión del agua en baja en Barcelona.

[13] Este blog, obviamente, no toma partido entre las dos opciones planteadas, ya que, desde el punto de vista ciudadano, tan sólo se trata de una pelea entre empresas a la busca del bocado de la gestión pública, probablemente cada una con  sus “valedores” en el ámbito del gobierno de la Generalitat.

[14] Estas afirmaciones corresponden a la comparecencia del Conseller de Economía y Conocimiento (Mas-Colell) ante la Comisión Parlamentaria de Economía, Finanzas y Presupuesto del Parlamento Catalán, en la sesión de 15 de julio de 2015 (http://www.parlament.cat/document/dspcc/153574.pdf)

[15] Realmente la forma típica de justificar las concesiones largas es que es preciso abordar obras costosas que implican grandes inversiones. Sería una figura semejante a la propuesta “tú haces las obras y las financias y, a cambio, las explotas durante un periodo de tiempo suficiente como para que amortices la inversión”. Es el caso de las autopistas, por ejemplo, pero que es difícilmente aplicable a servicios como el del abastecimiento de agua (particularmente al de ATLL que estamos exponiendo) por cuanto en estos las instalaciones ya existen y se ponen al servicio del adjudicatario. No es fácil encontrar una razón para que la concesión, si se decidiera acometer, no pudiera tener una duración de menos de 4 años por ejemplo.

[16] Es optimista por cuanto, por una parte, considera expresamente que no se producirán indemnizaciones ni por cánones ni por intereses y, por otra, en lo inmaterial, no tiene en cuenta que la ATLL pública ya ha desaparecido y se ha perdido su saber hacer, además de que la eventual reversión implicaría cambiar dos veces de equipos gestores en escasos 4 años.

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Una respuesta a De las privatizaciones de la gestión del agua pública

  1. Juan Carlos dijo:

    Lo cierto es que el país donde el agua está privatizada es el que debate con más elegancia y profundidad la gestión del agua urbana http://www.ofwat.gov.uk/publications/towards-water-2020-meeting-the-challenges-for-water-and-wastewater-services-in-england-and-wales/.Claramente no se percibe hoy un descontento de la población en RU y a la vez se reconocen los excesos en algunos comportamientos económicos , política de dividendos, la necesidad de reforzar las inversiones en políticas contra las fugas, la presión en aumentar la competencia evitando monopolios, se comenzará en 2017 en el agua no doméstica,…La participación del consumidor en las decisiones es muy activa , RU dispone de su propio Consejo Municipal del Consumidor siempre presente en las discusiones…
    Pero volviendo a España creo que el debate inicial es si tiene sentido que los más de 8000 Ayuntamientos sean responsables del ciclo integral del agua, reconocer que España no cumple las Directivas europeas….y preguntarse porqué estamos ahí.Ha fallado gestión pública y ha faltado inversión.Tenemos que reconocer el estado cero desde dónde partimos con una deuda pública del 100% del PIB. Sin duda se debe escalar a nivel de Comunidad Autónoma la responsabilidad de la gestión , eso permite automáticamente medios técnicos y profesionales para una adecuada gestión , llámese planificación , explotación….imposibles en los Ayuntamientos.La figura del Canal como empresa pública autonómica es un buen ejemplo y , a pesar de eso reconoceremos que se podría mejorar su gestión aunque no sepamos hasta dónde pues en España no existen métricas ni índices que definan lo que sería una buena gestión, ni planes que recojan a dónde se debe caminar en la gestión urbana del agua.
    Siempre salen a relucir Madrid y Barcelona pero debiéramos ir más allá y fijarnos en las más de 50 provincias españolas .si sus múltiples empresas y servicios públicos funcionan correctamente y en base a qué lo afirmamos. ¿Sólo porque no salen sucesos en los periódicos ?. ¿Sólo por eso funcionan bien?.En RU el debate del agua es permanente ,mucho más abierto,dinámico y profesional que en España y con esto no entro en si la gestión puede o no ser privada…hay otros deberes más importantes pendientes que hacer en casa

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