Los cortes en el suministro de agua, inmorales. ¿También ilegales?

Creo que nadie lo puede negar. Cortar el agua potable a una familia que, honestamente, no tiene recursos para hacer frente a la factura es algo inmoral.

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Imagen de una reivindicación del derecho al agua en Madrid, con motivo del Día Mundial del Agua de 2015. Imagen tomada de iagua, blog asociado a ONGAWA

Pese a ello, en España tales cortes se producen, tal y como poníamos de relieve en la entrada “El derecho humano al agua en España” (porque el acceso al agua es un derecho humano esencial, proclamado por Naciones Unidas y ratificado por España [1]). En dicha entrada se lee que no existen estadísticas fiables [2]  y que:

Lo más próximo a un dato de que disponemos es la estimación de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS), que dice que en España actualmente «se tramitan al año más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que hace cuatro años. Y de estos, se llegan a  ejecutar —como hace cuatro años— un 60%, es decir, 300.000» (citado en “Madrid 15m“). Esto aplica a unos 300.000 de los aproximadamente 18 millones de hogares que existen en España (un 1,5% de los hogares al año están condenados a quedarse sin agua)”.

[Puedes ver un pequeño vídeo publicado por la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, con la colaboración de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y titulado “Ni un corte de agua más“]

Bien, la inmoralidad está clara, pero, además, recientemente se ha hecho pública una sentencia del Tribunal Supremo [3] que también habla de la ilegalidad de los cortes.

Como pasa en demasiadas ocasiones, el asunto de fondo no es una cuestión que interese profundamente a la ciudadanía, sino que se refiere a una cuestión de competencias. Es una disputa entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma y la Comunidad Autónoma de Canarias acerca de si el pago por prestación del servicio de suministro de agua potable debe ser considerado como tasa o no; si se paga una tarifa o se hace frente a una tasa.

La razón de fondo de la disputa es, como decíamos, una cuestión competencial. Si es una tasa la competencia sería íntegramente municipal mientras que si se trata de una tarifa, la modificación de esta, estaría sometida a la intervención de la comunidad autónoma [4]. Aparentemente, una disputa entre administraciones.

Pero la sentencia incluye temas adicionales de singular trascendencia para las condiciones en que se ha de prestar el servicio de agua en general y, en particular, acerca de la posibilidad de un corte de suministro.

Se refiere a ello, contraponiendo lo que resultaría de considerar el pago como tasa o como tarifa, señalando que:

en el ámbito de una relación tributaria, el impago de la tasa solo podrá exigirse mediante el preceptivo procedimiento de apremio y sin poder proceder a la no prestación del servicio o suspensión del suministro, al tener el gestor que continuar prestando el servicio sin que exista el pago del mismo

Y que:

el gestor, en una relación privada, puede dejar de prestar el servicio de acuerdo con lo establecido en el reglamento del servicio y a través del respeto a las garantías procedimentales establecidas

Y el Tribunal Supremo, enfrentado a esa cuestión, falla que… desestima el recurso de la Comunidad Autónoma de Canarias y sigue calificando como tasa la contraprestación por el servicio del suministro de agua, y esto al margen de cuál sea el sistema de gestión. Expresamente se ratifica en una sentencia anterior [5], de la que recoge que:

Las contraprestaciones que satisface el usuario del servicio de suministro de agua potable prestado mediante concesión deben ser calificadas como tasas, con independencia de la modalidad de gestión empleada. Incluso en los casos en que el servicio es gestionado por un ente público que actúa en régimen de Derecho privado -las entidades públicas empresariales-, a través de sociedades municipales o por un concesionario, lo exigido a los ciudadanos tiene la calificación de tasa, no de precio privado o tarifa. La forma de gestión del servicio no afecta a la naturaleza de la prestación, siempre que su titularidad siga siendo pública, como sucede en los supuestos de concesión

Es decir, expresamente señala que, incluso si el servicio se presta por una empresa privada (bajo concesión), al pagar el agua se estaría abonando una tasa.

También es cierto que la sentencia no ha tenido el apoyo unánime de los siete magistrados que la firman sino que dos de ellos han formulado un voto particular.

Este voto particular se apoya en esto era así (el pago debía ser considerado como tasa) hasta que, con la entrada en vigor de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, se modificó la Ley General Tributaria [6] [7]. Según el voto particular, la modificación  implicaría que, cuando la gestión del agua sea ejercida por una empresa privada, el pago por el servicio tendría carácter de tarifa, no de tasa.

En cualquier caso, a día de hoy, parece que es doctrina del Tribunal Supremo que no puede procederse al corte del suministro de agua por impago de recibos. Esto no quiere decir que el Tribunal Supremo se pronuncie por la gratuidad del servicio de agua o por la anulación de la deuda que se asocia a los impagos sino que, para reclamar el pago de la deuda, la administración (no el concesionario) debe hacer uso del procedimiento de apremio, que no permite la presión que representa la amenaza del corte de agua e incluye algunas garantías y limitaciones, función de la capacidad económica del deudor [8].

El corte del suministro de agua es inmoral e ilegal, así que, si alguien te dice que una empresa, pública o privada, tiene derecho a cortar el suministro de agua a una familia por impago puedes contestar, con toda seguridad, que el Tribunal Supremo no lo entiende así.

Y, pese a todo, ¿cuántos cortes de agua ilegales e inmorales se han producido en nuestro país?

¿Qué sentido tiene que el suministro de energía a las viviendas no sea un servicio público?

Al menos, una posibilidad más para la lucha contra la emergencia habitacional.

NOTAS PERFECTAMENTE PRESCINDIBLES

[1]  Resolución de Naciones Unidas 64/292, aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 2010

[2] Es algo que debiera ser sencillo (bastaría con reclamar los datos a los gestores de los abastecimientos), pero no parece que los que mandan consideren estas cuestiones suficientemente trascendentes como para que sean estudiadas. Sobre esta política de evitar los datos “incómodos” ya llamábamos la atención al final de la entrada “La pobreza energética mata mucho”.

[3] Sala de lo Contencioso. De fecha veintitrés de Noviembre de dos mil quince

[4] En este caso concreto, de la Comisión Territorial de Precios de la Consejería de Industria y Comercio de la Comunidad Canaria

[5] Se refiere al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ávila de 22 de diciembre de 2000, tratado en  Sentencia de 20 de julio de 2009

[6] En la disposición final quincuagésima octava “se suprime el segundo párrafo de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”.

La redacción previa era:

a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.

Se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un ente público.”

De esa redacción  se eliminó el segundo párrafo, para, según el voto particular, ”recuperar las ideas de precio y beneficio para los servicios públicos gestionados por concesionarios, e incorporar a los servicios públicos en régimen de concesión o de gestión indirecta los criterios de la autofinanciación y del equilibrio económico del contrato”.

[7] Para que todos conozcamos a los protagonistas, sepamos que este cambio fue promovido en la tramitación en el Senado de la Ley de Sostenibilidad, a partir de una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al final de la segunda legislatura Zapatero.

[8] La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil considera como inembargable “el mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia”, “los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada” y, respecto a los ingresos, “el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional”, estableciendo un porcentaje, creciente con el ingreso, para las retribuciones que superen dicho salario mínimo interprofesional. Es decir, permite que la deuda sea reclamada pero respetando que deudor pueda vivir con “razonable dignidad

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