Cuando despertó, la corrupción todavía estaba allí (parafraseando a Monterroso)

Efectivamente, en lo esencial, la entrada “La Mafia (española) del Agua sigue en activo” mantiene su vigencia pese al tiempo transcurrido. En ella prometíamos volver sobre el tema de la corrupción y aquí estamos.

Hoy, cuando ya es un hecho que el partido en el gobierno se mantiene y, con él, previsiblemente también la corrupción sistémica en la que nos tiene inmersos, parece saludable recordar algunas cuestiones, sin duda conocidas, pero que, hoy, por viejas y habituales, ya parecen pasadas de moda. Usaremos en gran medida como hilo conductor lo conocido en el caso de la Mafia (española) del Agua [1], relativo a la empresa pública Acuamed.

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Forges, obviamente.

Empecemos por lo que entendemos como corrupción. Aunque hay otras definiciones más técnicas [2], podemos ceñirnos a la definición de la RAE: “en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.

  1. Bajo un concepto al menos próximo a ese, la Asamblea Popular de Retiro, ya en sus comienzos hace cinco años, hizo público un escrito de posicionamiento de cara a las elecciones de 2011. En él no nos decantábamos por ninguna opción política concreta (éramos esencialmente apartidistas) y, ni siquiera, nos manifestábamos a favor o en contra de votar, pero sí nos comprometíamos a no votar a opciones que no aceptasen expresamente determinados principios, referidos a derechos sociales, políticas de empleo… [3]
  2. Es relevante que situásemos en primer lugar entre esos principios la cuestión de la corrupción: “No votaremos a ninguna lista que incluya candidatos corruptos, siendo esta una condición indispensable para todas las demás ya que la corrupción anula toda posibilidad de confianza y no admite graduación”. Era el “No hay pan para tanto chorizo” de las manifestaciones.
  3. Considerábamos que un ambiente de corrupción sistémica como el que caracterizaba nuestro mundo institucional hacía inviable cualquier política que intentase responder a los intereses colectivos, tuviesen estos que ver con el agua, la energía (por citar las cuestiones específicas a las que se refiere este blog) o con cualquier otro aspecto de la vida pública.
  4. También es relevante la aclaración que figuraba como nota al pie: “llamamos la atención acerca de que es el pensamiento del ciudadano el que tiene derecho a atribuir o no la consideración de corrupto en cada caso concreto y de cara a las elecciones, al margen de eventuales responsabilidades jurídicas”. Ya entonces teníamos claro que no podía reducirse el asunto de la corrupción a lo que finalmente resolviesen (cuando lo resolviesen) los juzgados.
  5. Todavía hoy, pese a todas las declaraciones que pretenden hacernos creer que se está luchando contra ella, la corrupción como tal no aparece expresamente en nuestro Código Penal [4], estando tipificadas tan sólo algunas de las prácticas que los de a pie consideramos como corrupción (cohecho, tráfico de influencias…).
  6. ¿Qué quiere decir esto? Lo pone de manifiesto, en el marco del caso de la Mafia (española) del Agua, el reciente auto [5] de sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de dos de los investigados [6], cuando dice que “puede ser cierto que fallaren controles …/… la negligencia por falta de control no es título imputativo de naturaleza penal”. No parece que sea delito de corrupción el cerrar los ojos para no ver lo que pasa en las organizaciones que tienes a tu cargo.
  7. Lo anterior parece ser incluso valido cuando lo que no se quiere ver es una posible relación que les puentea. En el mismo auto anterior, el juez expresa que el Director General de Acuamed era “persona de mayor confianza del entonces Ministro”, dando a la frase un sentido exculpatorio para los dos puestos intermedios a los que se aparta de las actuaciones judiciales [7]. A la vista del contenido del auto, a día de hoy parece que en este caso no hay nadie por encima del Director General de la empresa pública investigado por corrupción en este caso.
  8. Esa concepción tan concreta permite que los responsables políticos “pillados” puedan aferrarse a la disculpa del error (y mira que es raro que un dirigente reconozca un error). La (nuevamente) Ministra Tejerina, intentando proteger a su antecesor en el cargo, Arias Cañete, declaraba: “En este caso se prueba que el nombramiento de Mateo [por parte de Arias Cañete] como director general fue un gran error” y lo enmarcaba en que un ministro hace muchísimos nombramientos durante su mandato y en unos casos se acierta y en otros se equivoca [8]. Como si fuesen las quinielas.
  9. Lo que obvia la Ministra es que la corrupción sistémica empieza en los nombramientos. Un nombramiento podría ser un error solamente si el nombrado fuese claramente apto para el cargo; si sus méritos fuesen razonablemente válidos para el puesto, pero esto, en general, no es el caso (¿alguien recuerda algún caso de nombramiento en que el dueño del dedo que designa se digne siquiera a señalar los méritos?). Son los famosos altos cargos y puestos de libre designación, que han evolucionado hacia la arbitrariedad más absoluta: “designo a tal porque quiero y puedo legalmente (y es de los míos)”.
  10. En un régimen de corrupción sistémica, la validez para el cargo depende de la fidelidad y subordinación al que detenta el poder. Uno entiende que es nombrado no para contribuir al bien común sino para obedecer y agradar al que le nombra (y a su organización), incluso si eso implica olvidarse del bien común. No, no son errores de nombramiento, sino la corrupción de los criterios que debieran seguirse en los nombramientos.
  11. El caso de la Mafia (española) del Agua puede ser un buen ejemplo. No se conoce qué mérito ha llevado a la designación del Director General investigado [9], ni nadie se ha molestado en defenderlos (y no hablamos de la honestidad sino directamente de las capacidades profesionales probadas en el ámbito en el que va a actuar) pero sí tenía un historial de colaboraciones con el Partido Popular [10].
  12. Lo expresó claramente el (hoy ya ex) Ministro Fernández Díaz al hilo de otro caso notable [11] (sin lucro directo conocido y, por tanto, según algunos, poco susceptible de ser considerado como delito corrupción [12]). Declaraba “A mí me nombró ministro el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. No me nombró Bildu, ni ERC ni el PSOE[13]. Ni se plantea que pueda tener responsabilidad ante la sociedad. Sólo ante quien le nombró, que no ocupa el puesto sino que es dueño de él y puede hacer lo que quiera.
  13. Es curioso cómo, en el ámbito privado y en el Código Civil [14], sí existe la figura de responsabilidad del empresario por negligencia en la selección y en la vigilancia de su personal (incluso la de padres, tutores y enseñantes en lo referente a la vigilancia) [15]. En el caso de la Mafia (española) del Agua y concretamente en relación con la limpieza del embalse de Flix [16], es claro que se van a producir unos sobrecostes millonarios (en euros) distintos de los que pueden achacarse directamente corrupción tal como hoy se entiende. Nadie se plantea siquiera la posibilidad de exigir estos costes, no a la empresa (que equivaldría a repercutirlos sobre los ciudadanos, al ser una empresa pública), sino personalmente a los responsables de los “fallos” en los nombramientos y en la vigilancia.

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    Forges, otra vez.

  14. Parece como si la propia ley hiciese suyas afirmaciones de algunos de los investigados y contenidas en el sumario del caso de la Mafia (española) del Agua, cuando dicen que “el dinero público no es de nadie” [17] o que “El Estado español sigue siendo rico, por eso no te preocupes…” [18].
  15. Al hilo de los sobrecostes, puede pensarse en otro concepto en el que la corrupción nos quita fondos públicos y que es cualitativamente importante por involucrar a administraciones distintas de la directamente salpicada y ser bien visto, al menos mediáticamente. Nos referimos al proceso por el cual, como consecuencia de un escándalo público de corrupción, sistemáticamente se establecen nuevos controles, sin eliminar los viejos, encareciendo todas las tramitaciones futuras. Volviendo al caso concreto de la Mafia (española) del Agua, de cara a la continuación de las obras, el Ayuntamiento de Flix y la Generalitat de Cataluña han exigido (y conseguido) incrementar el número de muestreos de control de calidad de las aguas (sin plantearse si es necesario) y contratar una auditoría “independiente” (independiente del Ministerio, pero, obviamente, dependiente de sus promotores), ignorando la existencia de organismos públicos que ya tienen esa función (e incluso la estaban realizando) [19]. No se plantean siquiera que quizá la solución pudiera ser la de restituir a sus puestos a las denunciantes, que no sólo han demostrado su competencia técnica sino que también han sido capaces de jugarse el puesto por defender, precisamente, la buena ejecución de las obras, por aplicar las medidas de control que ahora reclaman Ayuntamiento y Generalitat.
  16. En este caso, es claro que la responsabilidad activa de la contumacia en las represalias a las denunciantes es de los máximos responsables (actuales) del Ministerio, pero, simultáneamente, no parece digno de aplauso el comportamiento de Ayuntamiento y Generalitat, de los que no se conoce ninguna iniciativa en favor de las represaliadas ni en defensa de los fondos públicos. Sí de cara a tomar el control de las actuaciones.
  17. Y es que, en el fondo, los dirigentes políticos son los principales interesados en que la corrupción no sea perseguida: son ellos quienes, fundamentalmente, pueden cometerla, por lo que la tentación de curarse en salud parece irresistible [20].
  18. Como consecuencia, el de la corrupción es un círculo vicioso que sólo la presión ciudadana puede romper, lo que nos podría devolver al comienzo del texto, en un proceso también circular. No obstante no podemos dejar de añadir algunas ideas más.
  19. Ya fuera del Código Penal pero en la esencia de nuestro sistema político, existe otra forma de corrupción. Se refiere a cómo políticos que se manifiestan “liberales” y que dicen defender la no intervención del Estado en la vida pública (ni en economía ni en ningún otro aspecto, ya que su única función sería la de vigilante del “orden establecido[21]) pretenden (y consiguen) hacerse con el poder. Su interés en el Estado no es su buen funcionamiento sino su no funcionamiento, de forma que pretenden anular lo único que puede dar sentido a la institución: la defensa del débil frente al poderoso, que este no necesita defensa. Al ser la corrupción patrimonio exclusivo de los poderosos, el interés real de estos en la persecución de la corrupción es nulo. [22]
  20. La coexistencia de dos administraciones que se superponen, la autonómica y la central, es un buen indicador de la cristalización de la subordinación de la Administración respecto a las personas que ocupan el poder político. Si no fuese así, si la Administración (al menos en el imaginario) fuese realmente independiente de los poderes políticos, estos, el central y el autonómico, en el marco de sus competencias y conforme al ordenamiento jurídico, establecerían sus disposiciones y la Administración las pondría en marcha, sin entrar en cuestiones partidistas. No necesitaríamos de las dos administraciones [23]. Pero no, la realidad es que las personas que ocupan el poder político consideran que la Administración debe estar a su servicio personal y no pueden compartirla.
  21. En ese marco, los trabajadores que ejercen su actividad al servicio de la Administración están sometidos a una doble exigencia: obediencia y respeto a la legalidad [24]. Pues bien, la corrupción hace que entren en colisión ambas exigencias, de forma que, además, primar la obediencia no tiene riesgo para el trabajador, mientras que el cumplimiento de la legalidad sí. Como ha puesto de manifiesto el caso de la Mafia (española) del Agua, el riesgo de anteponer la legalidad a las órdenes de los responsables políticos puede llegar a producir el despido.
  22. Ello conduce a que, si se pretende luchar contra la corrupción, debe promulgarse con urgencia una ley de protección de denunciantes y testigos en casos de corrupción, pero planteando una protección activa. Una protección puramente defensiva no dejaría de ser una operación cosmética [25], ya que transmitiría algo así como “dime a mí lo que sabes, que yo, que quizá esté implicado y en la medida que pueda, te protegeré”. En contraposición, la no denuncia, el silencio y la obediencia no necesitan protección y, en muchos casos, son premiados, al menos, con ascensos.
  23. ¿Y qué decir de los que corrompen (o aceptan el juego)? Para que algún gestor de los fondos públicos reciba dádivas debe haber alguien que se las entregue, alguien que le corrompa o que acepte su corrupción. Pues bien, este alguien, que en los grandes casos no puede ser más que una gran empresa, muy rara vez sale perjudicado en los procesos judiciales [26].
  24. No parece que, de acuerdo con la legislación actual, los grandes del mundo empresarial perciban ningún riesgo en el hecho de que las empresas que dirigen promuevan o participen de la corrupción. No es que no perciban riesgos penales, es que ni siquiera se ven afectados los resultados ni la cotización bursátil, lo que sin duda, es una razón más para exigir una modificación profunda de la legislación.

En pocas palabras, en nuestro marco actual, a veces, es más efectivo compartir con el líder el gusto por algún deporte que la honestidad y la mejor capacitación profesional. Y sólo la presión popular podría modificarlo.

 

NOTAS PERFECTAMENTE PRESCINDIBLES

[1] Con este término, popularizado en la prensa, nos referimos al “Procedimiento DPA 24/15” que se sigue en la Audiencia Nacional relativo a presuntas irregularidades en la concesión y ejecución de contratos de obra pública por parte de directivos de la empresa pública Acuamed. A algunos aspectos relativos a este procedimiento y sus consecuencias para las denunciantes hemos dedicado la entrada “La mafia (española) del agua sigue en activo

[2] En general van en el mismo sentido. Por ejemplo, Manuel-Jesús Dolz Lago (fiscal del Tribunal Supremo) escribe:  “En esencia, haciendo un resumen y refundición de las diversas que no diferentes definiciones internacionales, se trata de castigar conductas intencionadas, activas u omisivas, realizadas por funcionarios públicos o autoridades, bien directamente o a través de otros, en el ejercicio de su función o cargo, que quebranten sus deberes oficiales, con la finalidad de obtener para sí o para terceros ventajas indebidas, comprendiéndose en esas conductas la promesa de realizarlas y tanto su modalidad activa, realizada por particular, como la pasiva, realizada por la propia autoridad o funcionario”, lo que se aproxima bastante a la definición de la RAE.  http://www.abogacia.es/2014/01/16/sintesis-sobre-el-delito-de-trafico-de-influencias-y-el-de-cohecho/

[3] El texto completo del pronunciamiento puede ser descargado aquí . Está alojado en el espacio de la AP de Cercedilla y Navacerrada

[4] Sí dedica un Título a los “Delitos contra la Administración pública” en la que se tratan determinadas cuestiones concretas: prevaricación, abandono de destino, no persecución de delitos, desobediencia, denegación de auxilio, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. Como contraste, el Código Penal sí habla del delito de terrorismo, además de, obviamente, referirse al asesinato y la extorsión, por ejemplo. También llama la atención que dentro del Capítulo dedicado a “delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores” incluya una sección específica dedicada a los “delitos de corrupción en los negocios”, que aplica exclusivamente a las relaciones entre particulares y a lo que pudiera ser corrupción internacional.

[5] Puede accederse al auto completo pinchando aquí 

[6] Se trata de la que era Directora General del Agua y de su superior, el Secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ambos en el periodo investigado. En ese tiempo eran, por causa de sus respectivos puestos en el Ministerio, Presidente y Vicepresidenta del Consejo de Administración de Acuamed, la empresa investigada.

[7] En el auto de sobreseimiento se dice que “puede ser cierto que fallaren controles, pero lo hicieron por y gracias principalmente a la actitud fraudulenta de ARCADIO MATEO [el Director General de Acuamed,] persona de mayor confianza del entonces Ministro respecto de los dos aquí enjuiciados -pues ARCADIO MATEO consiguió que quitara a LIANA SANDRA ARDILES LÓPEZ [Directora General del Agua y Vicepresidenta del Consejo de Administración de Acuamed] la presidencia de Acuamed, mientras que FEDERICO RAMOS DE ARMAS [entonces Secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y Presidente del Consejo de Administración de Acuamed] no consiguió la destitución de ARCADIO MATEO cuando se lo pidió-“. El Ministro al que se refiere es Miguel Arias Cañete, hoy Comisario Europeo.

[8] Recogido en muchos medios, por ejemplo en ABC de 16-6-16.

[9] Puedes ver sus “méritos” en http://www.20minutos.es/noticia/1308149/0/. Debe tenerse en cuenta que Acuamed es una empresa que pública que se desenvuelve en el mundo del agua y cuya función básica es la ejecución del plan de desaladoras que sustituyó al trasvase Ebro-Levante.

[10] Ademas de invitado habitual en las tertulias de 13TV como experto en demoscopia, el Director General de Acuamed y presunto cabecilla de la trama corrupta era y es propietario de una empresa (“Demoscopia y Servicios S.L.”) que ha venido trabajando regularmente, en temas demoscópicos, con el PP de Castilla-La Mancha y, concretamente, en las últimas campañas electorales autonómicas con Cospedal de candidata. El Economista de 23-1-16  o El Plural. com  de 18-1-16.

[11] Se trata del caso de la presunta conspiración entre el (entonces) Ministro del Interior y el (también entonces) jefe de la Oficina Antifraude catalana para fabricar escándalos contra ERC y CDC. Público de 21-6-2016.

[12] Son repetitivas las auto-exculpaciones de los cazados proclamando lo de “¡Yo no me he llevado un duro…!”: Esperanza Aguirre, Rita Barberá, Francisco Camps… Es como si sólo se considerase corrupción cuando hay enriquecimiento personal. Quizá sea significativo de lo que nos espera que la única modificación del Código Penal que se incluye en el pacto PP-Ciudadanos en el apartado relativo a la lucha contra la corrupción se refiera a la tipificación del “enriquecimiento ilícito”.

[13] Aparecido en muchos medios, por ejemplo en Ecodiario de 23-6-16

[14] En el Art. 1902 del Código Civil  se establece que  “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado” y en el 1903 que “La obligación que impone el artículo anterior es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder”, hablando a continuación de padres, tutores, dueños o directores de establecimientos o empresas y personas o entidades titulares de Centros docentes de enseñanza no superior. La cuestión todavía resulta más clara en la reciente sentencia 42/2015 de  la Audiencia Provincial de Madrid.

[15] En el argot jurídico, se conocen como culpa in eligendo o in vigilando. Ambas figuras se conectan con la responsabilidad civil del empresario por daños causados por sus empleados. La culpa in eligendo supone que el empresario ha fallado en la necesaria diligencia tendente a situar en cada puesto de su organización a la persona indicada para ello. La culpa in vigilando, en cambio, implica una ausencia de la diligencia debida en la vigilancia de los empleados cuando están desempeñando sus funciones.

[16] Baste pensar en los costes que implican una parada de las obras durante alrededor de un año (en octubre de 2015 se dio por finalizada la extracción de lodos y gravas del embalse, actividad que se ha reanudado hace apenas cuatro semanas) y en que la paralización condujo al desmontaje de gran parte de la instalación, que ha debido ser montada como consecuencia de la decisión de continuar extrayendo y tratando, de acuerdo con lo establecido en el proyecto. El Periódico de 25-10-16.

[17] Auto de 20 de enero de 2016 del Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 por el que se decreta la prisión provisional de los trece detenidos dos días antes en el marco de la Operación Frontino e incluido en el sumario.

[18] El Mundo de 27-5-16.

[19] El periódico de 25-10-16.

[20] Cierto es que claman contra la corrupción, fundamentalmente mientras no tienen oportunidad de practicarla o para echársela en cargo al adversario, pero, en cuanto llegan al poder, parece ley natural que  se apresuren a beneficiarse de ella. Lo contrario entraría en el concepto de heroicidad.

[21] Es paradigmático el caso de Esperanza Aguirre o, en el marco de las declaraciones rotundas, el de José María Aznar. Este, por ejemplo, arremetía contra la DG de Tráfico y su capacidad para limitar el consumo de alcohol  de los conductores (“¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber?”) o para establecer la velocidad máxima en carretera (“A mí no me gusta que me digan no puede ir usted a más velocidad”). https://www.youtube.com/watch?v=GUy4fwKSLzc

[22] La opción política de defender un Estado sin intervención en la vida pública, si puede tener sentido en algún caso, sería en una situación en la que el poder radicase en los cargos electos. Pero eso dista mucho de la situación real. Hoy el poder es esencialmente un poder económico-financiero, es el “porque los mercados nos dicen” que argumentaba Elena Salgado, la que fue ministra en el gobierno Zapatero, para justificar la adopción de medidas de ajuste para los débiles (puedes ver la entrada “Algunos dogmas de la religión económica”. En esas condiciones, la toma del poder político por los “neoliberales” es, por lo menos, alinear el Estado con el poder económico-financiero.

[23] Nos referimos a las administraciones, no a los órganos políticos.

[24] Realmente la exigencia es única, al estar la obediencia contenida en el respeto a la legalidad, pero la distinción es pertinente por cuanto, mientras que el respeto a la legalidad se refiere al cumplimiento de determinadas normas impersonales y permanentes, la obediencia tiene que ver con relaciones entre personas, en las que el responsable político manda y el trabajador debe obedecer, al margen de otras consideraciones.

[25] Es indicativo de lo que nos espera la aprobación por el Parlamento de Castilla y León, en el marco del pacto PP-Ciudadanos,  de una Ley para promover que los funcionarios destapen los casos de corrupción de los que tengan conocimiento. Esta Ley , según expresa y justifica la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), “Es una ley nada garantista que no solo no protege a quien denuncie presuntas irregularidades o derroches del dinero público, sino que le puede aplicar todo el peso de la ley en caso de que sus sospechas se demuestren infundadas” y busca “amordazar más a los empleados públicos y asegurarse que un empleado público no se atreverá a denunciar la corrupción existente en esta Administración, pero la vende como si fuera una medida contra la corrupción y a favor de los funcionarios, cuando es todo lo contrario “.

[26] En el caso de la Mafia (española) del Agua y de acuerdo con el sumario (auto del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de 20 de enero de 2016), entre las cinco personas para las que inicialmente se decretó prisión provisional sin fianza, cuatro trabajaban en la empresa pública Acuamed y tan sólo uno era ajeno: el Presidente de una empresa constructora de tercer orden (se trata de Altyum, cuya facturación anual, por ejemplo, es menos del 1% de la de FCC). Sí aparecen grandes constructoras entre los inicialmente detenidos y puestos en libertad con pequeñas fianzas: se trata de FCC (dos técnicos, un directivo y el presidente de FCC Construcción) y Acciona (el Director de Infraestructuras). Las fianza que les fueron impuestas oscilaron entre 20.000 y 50.000 € (el presunto fraude que se investiga se expresa en decenas de millones de euros).

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2 respuestas a Cuando despertó, la corrupción todavía estaba allí (parafraseando a Monterroso)

  1. BRC dijo:

    Especialmente excelente…. si tuviera que ponerle una unica pega seria que abarca demasiadas cosas… pero, ya digo, especialmente excelente (lo que es dificil dado el nivel).

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  2. Azahara dijo:

    Sublime. Siempre mil gracias

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