La reivindicación de los Derechos Humanos. Una asignatura olvidada entre nosotros

Nuevo "recao" de Acción Poética. Vigilante de sucursal de banco: quizá un nuevo puesto de trabajo...

Una de las intervenciones vistas en el barrio y firmadas por Acción Poética Retiro

De un tiempo a esta parte es recurrente el debate acerca de la necesidad y la conveniencia de establecer una renta mínima universal [1], que (casi) siempre se defiende desde el punto de vista asistencial (como medida para hacer frente a los estragos que ha causado la última crisis) y que (casi) siempre es atacada con base en lo presuntamente inasumible que resulta su coste [2].

Ante esto, ¿qué tal si hablamos de Derechos Humanos (“DH”), así, con mayúsculas?

Los DH están definidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluye la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los protocolos, interpretaciones y aclaraciones que los desarrollan. España ratificó ambos Pactos el 30 de abril de 1977 [3] y los incorporó a la Constitución de 1978 [4].

El que hayan sido dos los Pactos  es consecuencia, exclusivamente, del proceso negociador entre bloques (la negociación tuvo lugar en plena guerra fría [5]) pero se ha traducido en que, en realidad, los Derechos Civiles y Políticos (“DCP, los derechos a la vida, a la igualdad ante la ley o a la libertad de expresión, por ejemplo) y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“DESC”, los derechos al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la vida digna o al agua y al saneamiento, por ejemplo [6]) sean vistos de distinta manera, tanto por los gobiernos como por los ciudadanos  y siempre devaluando la obligatoriedad de los DESC [7].

En este sentido, el Comité de DESC de Naciones Unidas [8] comparaba, ya en 1993, las actitudes frente a ambos grupos de derechos y señalaba que: “La comunidad internacional condena enérgicamente, y con acierto, la denegación del derecho a votar o del derecho a la libertad de expresión, únicamente por motivos de raza o sexo. En cambio, las formas muy enraizadas de discriminación por lo que hace al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales contra la mujer, los ancianos, los discapacitados y otros grupos vulnerables y desfavorecidos, con excesiva frecuencia se toleran como una realidad lamentable[9].

Por vía de ejemplo. Mientras que nos parecería escandaloso (o al menos chocante) que  en España se estableciese una tasa para sufragar los costes de las elecciones y que aquella persona que no pudiese pagarla se viese privada del derecho al voto [10], vemos, quizá con desagrado pero con normalidad, cómo hay personas a las que se corta el suministro de agua potable por no poder hacer frente al pago de los recibos, en una violación clara del DH al Agua [11].

Esta consideración de los DESC como derechos de segundo orden y sujetos a la disponibilidad económica ataca frontalmente a los principios básicos sobre los que descansan los DH [12], cuya piedra angular es, desde luego, la universalidad (son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición), a la que se asocia indefectiblemente el ser derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. Los DESC son, por tanto, derechos que tiene todo ser humano desde que nace y que los estados están obligados a respetar y proteger.

Porque, al igual que otros DH, su ejercicio implica tres tipos de libertad: frente al Estado, frente a terceros y a través del Estado. Por ejemplo, el DH al Agua pasa por el derecho a no ser objeto de un corte por imposibilidad de pago, ejecutado por agentes del Estado (libertad frente al Estado) ni por los gestores del suministro (libertad frente a terceros) y el derecho a recibir el suministro adecuado (libertad a través del Estado). Y, por el principio de universalidad, el Estado debe centrarse especialmente en aquellos colectivos e individuos más desprotegidos, sean ciudadanos nacionales o extranjeros en su territorio.

Siguiendo con la referencia al DH al Agua, ¿qué quiere decir lo de “suministro adecuado”? Típicamente se refiere a cinco aspectos [13]: el agua debe ser suficiente (para cubrir las necesidades básicas, incluyendo las higiénicas y sanitarias), salubre, aceptable (color, olor y sabor), físicamente accesible (en o muy próxima al hogar, a las escuelas y centros de salud…) y asequible, para todos y, en especial, para las personas de menos ingresos.

Centrándonos en la asequibilidad, es obvio que la perspectiva desde los DH difiere claramente de los enfoques económicos que predominan y que se centran en la recuperación de los costes del suministro [14]. Como venimos señalando, los DH exigen que la prestación del servicio sea asequible, económicamente, para todos (no sólo para la mayoría), independientemente de la capacidad de pago de cada persona [15].

De lo anterior no puede concluirse que el servicio deba ser, necesariamente, gratuito (ni siquiera subvencionado) para aquellos que no puedan pagar su coste, del mismo modo que no conduce a la necesidad de la gestión pública, pero sí que exige que todos, incluidos los grupos vulnerables y los marginados, puedan acceder al servicio, siendo el Estado el responsable de que ello ocurra, incluso si el servicio es prestado por un gestor privado. De una manera u otra, el Estado debe hacer frente al coste del suministro de agua para las personas que no lo pueden pagar.

¿Y si el Estado dice carecer de medios suficientes? ¿Podría el Estado limitar el ejercicio del DH al Agua por escasez de recursos? Simplemente por aplicación de las normas internacionales de DH, la respuesta es clara,  [16]:

  • Si el Estado demostrase que sus recursos son claramente insuficientes, el Gobierno estaría obligado a utilizar todos los recursos disponibles, eficiente y efectivamente, y a establecer programas (que pudieran ser de bajo coste) destinados a prestar asistencia a los más desfavorecidos. La escasez nunca justificaría la inacción o el aplazamiento indefinido de medidas para garantizar el derecho y la universalidad del disfrute del derecho.
  • En situación de escasez de recursos sería posible un planteamiento de avance progresivo hasta la consecución plena de los DH, si bien, en este caso, la progresividad debe quedar plasmada en un plan con medidas concretas (incluso medidas legislativas) orientadas a objetivos muy claros y utilizando los medios apropiados para que el plazo esté definido y sea razonable.
  • Desde otro punto de vista, incluso en situaciones de crisis, el Estado está obligado a impedir, hasta el límite máximo posible, que el ejercicio de los DH empeore a lo largo del tiempo.

Si volvemos ahora al principio de la entrada y pensamos que lo dicho aplica a todos y cada uno de los DH y, en particular, al derecho a un nivel de vida adecuado (que incluye los derechos a la alimentación y a la protección contra el hambre, a una vivienda adecuada, al agua, al saneamiento y al vestido…) es claro que, si no se adopta una renta básica, deben establecerse otras medidas concretas y claras que permitan que todos, y en particular los más desfavorecidos, tengan acceso a ese nivel de vida, incluso si carecen de ingresos suficientes para pagarlo, y que conseguir esta accesibilidad es una obligación del Estado para con todas las personas.

En España el círculo se cierra si consideramos que aquí no es posible defender la escasez de recursos: el Producto Interior Bruto (“PIB”) español es del orden del billón (europeo, esto es, del millón de millones) de euros [17] y un 1% de ese PIB representa diez mil millones de euros anuales, suficientes para muchas medidas encaminadas a conseguir el ejercicio íntegro y universal de los DH.

Y no cabe una guerra de cifras. Si España va bien, el número de personas que no pueden acceder al disfrute de sus DH será reducido y, por tanto, resolver esa situación tendrá poco coste. Por el contrario, el coste sólo puede ser elevado si los desheredados son muchos, pero entonces la situación sería tan grave que sería indispensable habilitar recursos extraordinarios para enfrentarla.

Porque lo que realmente parece esconderse tras la disculpa de lo inasumible del coste es la negativa a reconocer que los DH, todos ellos, son derechos reales y que pueden y deben ser exigidos. Que no se trata de decisiones políticas relativas a qué necesidades y deseos debe ser prioritario atender sino del imperativo constitucional de garantizar el ejercicio de  los DH.

Y, para finalizar, un ruego. Aquí hemos hablado exclusivamente de España, pero, por favor, piensa en otras regiones, en las que la renta es muy inferior a la nuestra o, más allá, en los estados fallidos. Piensa que sus ciudadanos también son depositarios de los DH y, finalmente, piensa que, en este mundo globalizado, todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad en conseguir que los DH sean realmente universales.

NOTAS PERFECTAMENTE PRESCINDIBLES

[1] Baste señalar la admisión a trámite de la ILP promovida por CCOO y UGT relativa al tema en España o el debate sobre el salario social universal en las primarias del partido socialista francés.

[2] La admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular para el establecimiento de una renta mínima fue votada en contra por PP y C’s, con los argumentos clásicos del elevado importe económico, aderezados con los relativos al populismo de la medida y con que es preferible enseñar a pescar, aunque nadie enseñe a pescar y la pesca se haga en cotos inaccesibles para los desheredados (http://www.expansion.com/economia/2017/02/01/589219ee468aeb2a708b459e.html).

[3] https://www.boe.es/boe/dias/1977/04/30/pdfs/A09343-09347.pdf y  https://www.boe.es/boe/dias/1977/04/30/pdfs/A09337-09343.pdf

[4] En el Título I, Artículo 10, apartado 2 dice: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

[5]Si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos no hacía ninguna distinción entre derechos, ésta apareció en el contexto de la intensificación de las tensiones de la guerra fría entre el Este y el Oeste. Las economías de mercado del Oeste solían hacer más énfasis en los derechos civiles y políticos, en tanto que las economías de planificación centralizada del bloque oriental destacaban la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales. Eso dio lugar a la negociación y aprobación de los pactos: uno de derechos civiles y políticos y otro de derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, esa rígida separación se ha abandonado y se ha producido un restablecimiento de la arquitectura original de la Declaración Universal. En los últimos decenios, los tratados de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, han integrado todos los derechos” (http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS33_sp.pdf).

[6] De acuerdo con “Preguntas frecuentes sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”,  Folleto informativo Nº 33 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  “los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos humanos relacionados con el lugar de trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la participación en la vida cultural y el acceso a la vivienda, la alimentación, el agua, la atención de la salud y la educación.

 Aunque los derechos económicos, sociales y culturales pueden expresarse de manera diferente según los países o los instrumentos, hay una lista básica:

  • Los derechos de los trabajadores, que incluyen la prohibición del trabajo forzado, los derechos a escoger o a aceptar libremente un trabajo, a un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, al disfrute del tiempo libre y a la limitación razonable de las horas de trabajo, a la seguridad y la higiene en el trabajo a afiliarse a sindicatos y a fundarlos y a la huelga;
  • El derecho a la seguridad social y a la protección social, que incluye el derecho a la no denegación de la cobertura de la seguridad social de manera arbitraria o no razonable y el derecho a la igualdad en el disfrute de la adecuada protección en caso de desempleo, enfermedad, vejez o falta de medios de subsistencia en circunstancias que escapen al control de la persona;
  • La protección de la familia y la asistencia a ésta, que incluye los derechos a contraer matrimonio mediante el libre consentimiento de los cónyuges, la protección de la maternidad y de la paternidad y la protección de los hijos de la explotación económica y social;
  • El derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye los derechos a la alimentación y a la protección contra el hambre, a una vivienda adecuada, al agua y al vestido;
  • El derecho a la salud, que incluye el derecho a acceder a las instalaciones, los bienes y los servicios relacionados con la salud, a condiciones laborales y ambientales saludables y a la protección contra las enfermedades epidémicas, así como los derechos pertinentes a la salud sexual y reproductiva;
  • El derecho a la educación, que incluye el derecho a la enseñanza primaria gratuita y obligatoria y a la enseñanza secundaria y superior generalizada, accesible y progresivamente gratuita; y el derecho de los padres de escoger la escuela de hijos;
  • Los derechos culturales, que incluyen el derecho a participar en la vida cultural y a compartir los adelantos científicos y beneficiarse de ellos y el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas”.

[7] Podría considerarse incluso la existencia de un tercer grupo, si se segregaran los derechos colectivos, como son los derechos al desarrollo y a la libre determinación, por ejemplo.

[8] Se trata de una declaración ante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993.

[9] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/124/36/PDF/G9312436.pdf?OpenElement

[10] Ciertamente, la tasa no sería elevada, pero sí representaría un cierto desembolso. Si aceptamos los cálculos que publicaba “El Diario” el 11 de mayo de 2016, el coste de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 pudiera estimarse en unos 160 millones de euros. Si votaron unos 25 millones de personas, el coste por votante, y, por tanto, la tasa necesaria para cubrir gastos sería de algo más de 6 €/votante. Vd. sólo podría votar si pagase 6€ por ello.

[11] La referencia al derecho humano al agua (y al saneamiento) es lógica simplemente por ser una de las materias a las que se refiere este blog, pero además tiene una especial relevancia por cuanto es el último Derecho Humano reconocido individualmente como tal y, además, su reconocimiento individual ha sido promovido por España y Alemania, por lo que parecería razonable que estos países fueran ejemplo en cuanto a su cumplimiento.

[12] http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx

[13] http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/203 y http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_spa.pdf

[14] Baste citar como ejemplo que la vigente Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (Directiva 2000/60/CE de 23 de octubre de 2000), transpuesta e incorporada a la legislación española mediante Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, obliga (Artículo 9) a la aplicación del principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua.

[15] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/172/80/PDF/G1517280.pdf?OpenElement

[16] http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS33_sp.pdf

[17] http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp008&file=inebase&L=

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