Esta entrada va de corrupción y de agua. Más de corrupción que de agua y centrándose en lo que pasa cuando se apagan las luces del estallido inicial.
I. Los hechos
Tiene algo de sarcasmos este banner tomado de la página de Acuamed
Nos referimos a lo que se ha llamado la “mafia del agua”, alrededor de las actividades de la empresa pública Acuamed [1] que, bajo el nombre en clave de “Operación Frontino”, saltaron a los medios en enero pasado [2], aunque con una repercusión muy desigual [3].
En el fondo, lo denunciado es muy semejante a tantas otros casos que ya conocemos [4]. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil [5] considera que en Acuamed existía una organización criminal [6], encabezada por su Director General (Arcadio Mateo; en lo sucesivo, el DG), que actuaría como “capo” y al que se acusa, además, de fraude, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y cohecho [7].
La forma de funcionamiento, en esencia, era muy simple. El capo llegaba a un acuerdo con alguna empresa, habitualmente constructora [8], y ordenaba a sus subordinados la puesta en marcha de la maquinaria para culminar el pacto [9].
Pero lo que hace peculiar este caso no es la trama, que la hemos visto mil veces, sino la existencia de otras personas protagonistas de la historia, personas que impidieron que determinadas prácticas llegasen a culminar, que contribuyeron a la caída de la trama y que, como consecuencia indeseada, hoy están sufriendo las consecuencias de su honradez.
Por claridad, en lo que sigue nos referiremos sólo a lo ocurrido alrededor de una obra concreta de entre las investigadas [10], la de la limpieza de la contaminación química del embalse de Flix (Tarragona) [11], quizá en la que se desencadenó el derrumbe de toda la trama [12].
En esta obra, el acuerdo [13] entre el DG de Acuamed y la constructora FCC [14] consistiría en el abono (indebido según el sumario) de un sobrecoste de alrededor de 40 millones de euros, como compensación por supuestas deudas que tendría contraídas la Administración anteriormente con la constructora [15]. FCC defendía, al menos en los primeros momentos, cuando el sumario era secreto, la legalidad del abono de este sobrecoste [16].
Cerrado el acuerdo, el DG de Acuamed ordena a su subordinado directo (el Director de Ingeniería y Construcción) que se ponga a ello, algo a lo que este se niega por considerarlo ilegal. La negativa se traduce en su cese inmediato (se trata de un cargo de Alta Dirección, por lo que no es preciso el despido) y su sustitución por otra persona, esta sí, de confianza del DG. A través de la nueva Directora las presiones pasan al siguiente escalón jerárquico, la Gerente Territorial. Esta también se niega y, consecuentemente, es separada del puesto, dedicada a labores sin responsabilidad y sustituida, por lo que presenta denuncia por acoso laboral.
La presión sigue su marcha descendente y llega ahora a la Directora de Obra, que se niega a alterar las certificaciones [17] y, como consecuencia, es despedida y sustituida. En el despido (disciplinario) la acompaña la Gerente Territorial, a la que no se perdona la negativa anterior y su denuncia por acoso. Sólo quedaba ya un eslabón, la Asistencia Técnica contratada para el control de la obra [18], que tampoco acepta modificar la realidad de lo medido como obra hecha y cuyo contrato se da por terminado.
Esto último ocurría en el verano de 2015, momento en el que el DG de Acuamed ya habría conseguido conformar un organigrama completamente dócil a base de represalias [19], aunque las personas represaliadas habían ido presentando escritos de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, según les iban alcanzando lo que ellas percibían como presiones [20].
Los escritos desencadenan una investigación por parte de la Fiscalía, que emerge en enero de 2016, cuando la guardia civil detiene a 13 personas, para cinco de las cuales el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa decreta prisión provisional incondicional (un contratista y cuatro a sueldo de Acuamed). El proceso penal salpica también, en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a la Directora General del Agua (Liana Ardiles) [21] y al que, en el momento de los pactos Acuamed-FCC, era Secretario de Estado de Medio Ambiente (Federico Ramos) [22], al ser, respectivamente y por razón de su cargo, la Vicepresidenta y el Presidente del Consejo de Administración de Acuamed. Ambos son incorporados a la causa como investigados y en sus declaraciones se refieren al entonces Ministro de Agricultura (Arias Cañete) como, al menos, conocedor de lo irregular de la situación [23]. Ya en los primeros momentos, Federico Ramos dimitió [24] del cargo que ocupaba al hacerse público el caso [25].
Hoy ya se ha levantado el secreto del sumario y la prisión incondicional de los detenidos se ha convertido en libertad condicional bajo fianza. Todos ellos han recuperado la libertad y todos salvo el capo han retornado a Acuamed, manteniendo el cobro de sus salarios. En el MAGRAMA, la Directora General Ardiles se mantiene en su cargo, mientras que el Secretario de Estado Ramos y el Ministro de Agricultura Cañete habían sido sustituidos por Pablo Saavedra e Isabel García Tejerina respectivamente.
Retomando el hilo de lo laboral, las dos mujeres represaliadas habían presentado denuncia contra sus despidos, lo que condujo, por razones difíciles de entender para un profano, a dos juicios. El primero ya se ha celebrado y su sentencia, de 3 de mayo, es conocida: despido nulo y condena a Acuamed a readmitir a la trabajadora, al abono de los salarios dejados de percibir y a una indemnización en concepto daños y perjuicios. El segundo juicio, en una muestra de la agilidad de nuestro sistema, está programado para enero de 2017, “sólo” año y medio después de la denuncia.
En ese momento Acuamed tenía la opción de acatar la sentencia y readmitir a las dos represaliadas o recurrirla… Decisión: recurso, con lo que la readmisión de la primera queda en suspenso y la de la segunda ni se plantea. Una decisión de la que debe responsabilizarse directamente al Secretario de Estado Saavedra como Presidente del Consejo de Administración de Acuamed (el puesto de Director General está hoy vacante [26]) y a la que es difícil considerar ajena a la Ministra Tejerina.
II. Las enseñanzas
Alrededor de las investigaciones judiciales siempre hay quien reclama la presunción de inocencia de los suyos. Bienvenida sea esa presunción de inocencia, que afecta a las actuaciones del poder judicial.
Pero hay otro poder que también juzga y condena, el poder ejecutivo, el Gobierno, y frente a sus acciones nadie reclama ni la presunción de inocencia de aquellos a los que persigue ni la justicia de sus actuaciones.
Hoy, la Ministra Tejerina y el Secretario de Estado Saavedra han decidido aplicar, de forma amplia, la presunción de inocencia a todos los suyos, a aquellos que están siendo investigados en la Audiencia Nacional. Como hemos dicho más arriba, todos los investigados siguen cobrando sus sueldos de Acuamed. Y decimos cobrando sus sueldos y no trabajando porque realmente están liberados de acudir a su puesto de trabajo [27].
Por el contrario, los mismos Secretario de Estado Saavedra y Ministra Tejerina han aplicado la presunción de culpabilidad a las mujeres que, según la Audiencia, habrían impedido la consumación de alguno de los hechos investigados. Siguen despedidas, pese a que la sentencia de lo laboral declara nulo el despido.
Viñeta de Forges publicada en El País de 6 de junio de 2016
Y es que, al modo de la viñeta de Forges, talmente parece que los citados Secretario de Estado Saavedra y Ministra Tejerina se rieran de lo que proclaman en relación con la lucha contra la corrupción y aplicasen la venganza a aquellas que se han atrevido a mantenerse en pie frente a su poder. Y aprovecharan para difundir un aviso ante quien pudiera tener la tentación de hacer lo mismo en el futuro.
La Ministra Tejerina y el Secretario de Estado Saavedra parecen estar confortablemente instalados en su sillón. No corren riesgos, que estos recaen sobre sus antecesores y estos, quizá, ya estén amortizados.
El Secretario de Estado Saavedra, en el acto de conciliación del juicio laboral celebrado, propuso a las despedidas la sustitución del despido por una sanción de 60 días de empleo y sueldo (aceptad que sois culpables y pelillos a la mar, en un dilema perverso que todavía tensaba más la cuerda [28]) y, más tarde, escribe que “la tramitación de los despidos se produjo con todas las garantías y con sujeción a la normativa vigente” (sin mencionar siquiera que quiénes habían tramitado esos despidos están siendo investigados por sus actuaciones en la misma Acuamed) [29].
A esto último se refiere específicamente la sentencia recurrida, que pone en cuestión, explícitamente, la validez e imparcialidad del documento en que se apoyan los despidos, entre otras cosas, porque de los que lo firman, uno ha sido encarcelado en el proceso penal seguido contra los directivos de Acuamed en la Audiencia Nacional y otros, o dependen jerárquicamente de los encarcelados o han participado en la obra analizada [30].
La situación la describe perfectamente una de las despedidas en carta dirigida a la Ministra Tejerina: «Readmitirnos en Acuamed es […], por una parte, una oportunidad demostrar con hechos su repulsa a todas las prácticas corruptas y, por otra parte, la mejor forma que tiene para reparar el grave daño que se nos ha causado» [31]
Y es que efectivamente el daño es grave o mucho más que grave. Son las tensiones del periodo previo al despido, con amenazas explícitas; es la situación actual, sin empleo; es la sensación moral de estar ancladas en una maldita fecha del verano de 2015; es la sensación de una lucha defensiva sin término, con el segundo juicio previsto para enero de 2017 y, quizá, recurso y es la casi seguridad de tener que cambiar todo el enfoque de las vidas profesionales, ante el muy previsible rechazo de casi todos los directores generales de empresas. Porque, seamos sinceros, ¿quién contrata a alguien que no presenta credenciales de docilidad al mando?
III. Los llamamientos
A nuestros representantes y a quienes nos gobiernan, si es que quieren tener una mínima credibilidad en su pretendida lucha contra la corrupción. ¿Qué impide que se promulgue una ley, honesta, de protección de las que se resisten a las prácticas corruptas, de defensa de aquellas que se enfrentan a esas prácticas y, como consecuencia, son perseguidas?
A cualquier persona de buena fe. ¿Cuándo seremos capaces de organizar un cordón sanitario que aísle, no sólo a los condenados, sino también a aquellos que, pudiendo hacerlo, no se enfrentan a las prácticas corruptas? ¿Cuándo seremos capaces de distinguir entre los corruptos y las que les plantan cara?
A todos y todas. ¿Para cuándo las readmisiones?
Cierto es que hay muchas otras cuestiones que podrían traerse aquí, pero esta entrada ya es muy largo y eso será en otra. Prometido.
NOTAS PERFECTAMENTE PRESCINDIBLES
[1] Acuamed es una Sociedad Estatal de titularidad pública, perteneciente en su totalidad al Estado español. Sucede a la empresa Trasagua, creada bajo el gobierno Aznar para desarrollar las obras del trasvase del Ebro (y que estas obras no computasen como déficit público desde el punto de vista formal). Cuando el gobierno Zapatero deroga la Ley del Trasvase, en lugar de cerrar la sociedad, como se leía en su programa, modificó su nombre al actual Acuamed y redefinió su objeto social, que pasó a ser, en lo esencial, la construcción y explotación de desaladoras. El gobierno Rajoy ha mantenido esta última situación. Depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y su capital social es 1.500 Millones de euros.
[2] http://politica.elpais.com/politica/2016/01/18/actualidad/1453112594_557619.html
[3] El comportamiento de los medios frente al caso quizá merecería un estudio de seguimiento. En El País, por ejemplo, bajo el epígrafe “Caso Acuamed” apenas aparecen cinco noticias en los cuatro meses que van desde febrero a mayo, pese a haberse levantado el secreto del sumario en ese tiempo (el caso aparece citado muchas otras veces, pero siempre como coletilla al hablar de casos de corrupción en general). Para el seguimiento del caso es preferible dirigirse a medios menos poderosos como Vozpopuli o, quizá, El Confidencial. Algún periodista, en privado, habla de grandes presiones para retirar el seguimiento del caso, y no sólo desde instituciones públicas.
[4] Se situaría en el grupo de los casos que utilizan empresas públicas para sus presuntos amaños, aprovechando que estas están sometidas a menos controles que las actividades desarrolladas directamente por las administraciones, en aras, también presuntamente, de la eficacia.
[5] La UCO forma parte de la Policía Judicial y tiene como misión explícita investigar y perseguir los asuntos relacionados con la delincuencia organizada, económica e internacional.
[6] “Diligencia de informe sobre la existencia del delito de organización criminal” de 19 de enero de 2016, incluida en el sumario y elaborada por la UCO
[7] “Diligencia de detención e información de derechos y de los elementos esenciales de las actuaciones para impugnar la detención” de 18 de enero de 2016. Incluida en el sumario y elaborada por la UCO
[8] Aunque la parte del león sí que ha caído en manos de constructoras, también aparecen como presuntamente implicadas empresas de otros sectores como los de las ingenierías o de los fabricantes de tubos, por ejemplo. Señalemos, siquiera marginalmente, que, en España, las grandes constructoras apenas construyen por sí mismas y más que constructoras debieran considerarse como financieras (financian la construcción a base de subcontrataciones).
[9] En el texto de la UCO de 12 de enero de 2016, justificativo de las actuaciones que proponía realizar e incluido en el sumario, se lee, referido al Director General de Acuamed Arcadio Mateo, que “es quien promueve, organiza, coordina y dirige cada uno de los hechos delictivos investigados, adaptando el funcionamiento interno de ACUAMED como si se tratara de una verdadera organización criminal, rodeándose de personas de su confianza que se «alinean» con él, obedeciendo sus órdenes y directrices que imparte a pesar de ir contra el ordenamiento jurídico, y expulsando a todos aquellos que se oponen a sus decisiones discrecionales, aunque traten de velar por los intereses de la administración.
El modus operandi habitual de Arcadio MATEO es el de mantener frecuentes reuniones con los Directores Generales de las empresas adjudicatarias de los contratos que administra, en las citadas reuniones Arcadio MATEO pacta tanto la adjudicación de futuros contratos como el importe de la liquidación final de las obras ya adjudicadas, de tal modo que necesita estar rodeado de personas que se plieguen a sus decisiones arbitrarias y sean capaces de «disfrazar» las mismas mediante la confección artificial de los documentos técnicos y jurídicos necesarios que posibiliten alcanzar el resultado pactado y su aprobación por parte del Consejo de Administración de ACUAMED.
La práctica habitual que se repite en varios de los contratos investigados es que en el momento que Arcadio MATEO llega a un acuerdo con un determinado contratista, éste sitúa a sus colaboradores de máxima confianza […/…] los cuales se dedican en cuerpo y alma a colaborar, asesorar, manipular y falsear mediciones de tal modo que se obtenga el resultado perseguido.
En los contratos analizados se ha observado cómo aquellos responsables de los mismos que no cumplían con los deseos caprichosos de Arcadio MATEO, eran despedidos o relegados a puestos de trabajo vacíos de contenido, sirvan de ejemplo los siguientes [cita 6 casos de represaliados dentro de la empresa]”
[10] La investigación afecta ya a 19 contratos. http://vozpopuli.com/actualidad/83014-el-juez-investiga-ya-19-contratos-de-acuamed-por-un-fraude-de-700-millones
[11] La limpieza del embalse de Flix es una obra atípica dentro de las que aborda Acuamed. Se trata probablemente de la mayor actuación medioambiental acometida en España y es singular incluso a nivel mundial. Consiste en la retirada de aproximadamente un millón de toneladas de lodos y aluvial contaminados por todo tipo de compuestos (pesticidas organoclorados, metales pesados, etc.), situados en el embalse de Flix, en el río Ebro, en su posterior tratamiento para reducir su carga contaminante y en su depósito en un vertedero controlado. Su presupuesto, en fase de proyecto, era de aproximadamente 200 millones de euros. https://issuu.com/r.retema/docs/retema_n__167_mayo-junio2013_2a11a08bf9741e; http://www.ciccp.es/biblio_digital/Icitema_III/congreso/pdf/010104.pdf
[12] Con propiedad, el proceso probablemente se haya desencadenado alrededor de una pareja de obras (desaladora del Bajo Almanzora, en Almería, y la citada limpieza de la contaminación del embalse de Flix, en Tarragona), unidas por ser su adjudicataria la misma empresa: FCC. El proceso pudo desencadenarse por causa de las inundaciones de septiembre de 2012 en el levante español, que arruinaron las instalaciones, terminadas o casi, de la desaladora. En ese momento las instalaciones carecían del seguro exigible (era conocido que se situaban en la zona inundable de una rambla), por lo que surgió la cuestión de quién debía hacerse cargo del coste de la reparación. En algún sitio del organigrama que va desde el Director General de Acuamed hasta el entonces Ministro Arias Cañete se decide que las obras debe hacerlas FCC pero que debe ser compensada por ellas.
Como eso no era fácil en el marco de su contrato (estaba prácticamente finalizado), se busca otro para materializar la compensación, llegándose así al contrato de limpieza de la contaminación del embalse de Flix, cuyo importe debe ser engordado. Y esa es la orden que da el Director General de Acuamed a sus subordinados. http://www.elconfidencial.com/espana/2016-01-26/canete-pidio-informes-para-que-acuamed-pagara-a-fcc-en-contra-de-la-secretaria-de-estado_1141908/
[13] Auto de 20 de enero de 2016 del Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 por el que se decreta la prisión provisional de los trece detenidos dos días antes, en el marco de la Operación Frontino. Incluido en el sumario.
[14] Realmente la obra de Flix la estaba desarrollando una Unión Temporal de Empresas conformada por FCC Construcción y FCC Ámbito, dos empresas del grupo FCC. En Europa, este grupo es uno de los mayores de infraestructura y servicios públicos por cifra de negocios. Nació, como grupo, en 1992 bajo el mando de las hermanas Esther y Alicia Koplowitz y tiene su sede en Barcelona. En los últimos tiempos se han producido importantes cambios en el accionariado, hasta el punto de ser hoy el mayor accionista el mexicano Carlos Slim, aunque la presidencia la sigue ostentando una de las hijas de las “dueñas” iniciales (Esther Alcocer Koplowitz). El apellido Koplowitz aparece citado en alguno de los documentos del sumario.
[15] La deuda respondería a la ya citada compensación por la reparación de los daños sufridos por la desaladora del Bajo Almanzora (reparación todavía ni siquiera iniciada) y a otras obras indeterminadas. En el texto de la UCO de 12 de enero de 2016, justificativo de las actuaciones que proponía realizar e incorporado al sumario se lee: “que existiría ya una «deuda» de la administración con FCC, empresa a la que según se observa en los diferentes correos electrónicos intervenidos e incluso aportados por el denunciante, «se le debería bastante dinero en otras obras»”. Más adelante se señala que “Tras la remisión de ACUAMED al Ministerio de Agricultura de una tabla conteniendo estos contratos, se observa cómo a partir de ese momento se focalizaría el interés del Ministerio en el contrato de FLIX, siendo éste el que al final será utilizado para «compensar» a FCC el coste del porcentaje que le correspondería por la reparación de la planta (60 %) además de por la «supuesta deuda» que tendría contraída la Administración anteriormente con FCC en «otras obras»”.
[16] http://www.expansion.com/agencia/efe/2016/01/26/21583324.html
[17] Una certificación es el documento que establece lo que debe ir cobrando mensualmente el contratista, reflejando lo realizado en la obra un mes determinado, evaluado como producto de las distintas unidades medidas por el precio contractual de estas.
[18] La Asistencia Técnica a la Dirección de Obra la ejerce una empresa, contratada por el promotor de la obra (en este caso Acuamed), para colaborar con la Directora de Obra en el seguimiento de la Obra, evaluando si esta se desarrolla de acuerdo con lo contratado en todos los aspectos (calidad, coste y plazo, esencialmente).
[19] En el Auto de 20 de enero de 2016 del Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 6 por el que se decreta la prisión provisional de los trece detenidos dos días antes en el marco de la Operación Frontino e incluido en el sumario se lee que “así como presionaban a los directivos de ACUAMED, para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades de forma que, consiguieron, con la ayuda del Director General y su equipo más próximo que, si se negaban a la irregularidad los funcionarios probos fueran bien removidos de su cargo o bien, incluso destituidos, y siempre en la ecuación de favorecer a la empresa privada, aun conscientes de que ello conllevaba el correlativo perjuicio en los dineros públicos que sin embargo por supuesto tenían que defender (alguno llega a decir que el dinero público no es de nadie)”.
[20] http://vozpopuli.com/actualidad/82832-cinco-denunciantes-pusieron-al-descubierto-la-trama-de-corrupcion-en-acuamed
[21] http://vozpopuli.com/actualidad/82916-mas-de-40-emails-y-llamadas-implican-a-una-alto-cargo-actual-de-tejerina-en-los-amanos-de-acuamed
[22] http://www.elmundo.es/espana/2016/05/18/573b7e20e5fdeae3728b45d8.html
[23] http://politica.elpais.com/politica/2016/05/17/actualidad/1463509401_687205.html
[24] http://politica.elpais.com/politica/2016/01/22/actualidad/1453461604_233215.html
[25] En junio de 2015 Federico Ramos había sido promovido desde el cargo de Secretario de Estado de Medio Ambiente, en el MAGRAMA, al de Subsecretario de Presidencia. De este cargo es del que dimitió en enero de 2016, según sus declaraciones, para “defender su honor” (http://www.expansion.com/economia/politica/2016/01/22/56a21296e2704e9d3c8b4678.html). En sus declaraciones ante el Juez Instructor parece matizar sus razones, expresando que con su dimisión “se trataba de no perjudicar a la Vicepresidenta”, refiriendose a Soraya Sáenz de Santamaría (http://www.elmundo.es/espana/2016/05/18/573b7e20e5fdeae3728b45d8.html).
[26] http://www.acuamed.es/quienes-somos/organigrama consultada el 5-6-2016
[27] Parece que, en razón a la presunción de inocencia, no pueden ser despedidos por causa de estar siendo investigados (aunque nada impediría que la propia Acuamed abriera un expediente disciplinario que pudiera concluir en el despido) pero que, simultáneamente, es necesario que no puedan acceder a los sistemas informáticos de la compañía y destruir pruebas o incidir en testigos, por lo que, ante este miedo (el miedo a los investigados) la solución es la dicha: en casa y cobrando el sueldo, parece que, incluso, con el aval judicial. http://vozpopuli.com/actualidad/82257-velasco-ordena-a-agricultura-que-mande-a-nclusosus-casas-a-los-tres-cabecillas-del-caso-acuamed-readmitidos
[28] Hablamos de un dilema perverso porque cualquiera de las opciones es tremendamente dañina para las que tienen que optar. Si aceptan, reconocen su culpabilidad (y quizá liberen de ella a los actuales ocupantes de los sillones) y si no aceptan se ven condenadas a prolongar su peregrinar por un tiempo indefinido, en una situación de zozobra difícil de soportar. Esta posibilidad de situar a los subordinados frente a dilemas perversos sólo la tienen los que mandan y, en este caso, han hecho uso de ella de manera sistemática: tienes que firmar esto aunque sea, presuntamente, ilegal, ya que, en caso contrario, te verás en la calle. Elige entre el riesgo de ir a la cárcel o el de perder tu sueldo.
[29] Carta dirigida a una de las despedidas. http://vozpopuli.com/actualidad/83022-agricultura-se-enroca-y-defiende-por-carta-el-despido-de-las-denunciantes-del-caso-acuamed
[30] En la sentencia nº 202/2016, relativa al primero de los despidos a que nos venimos refiriendo, se afirma que “En último término, y por si todo lo anterior no fuese suficiente, no se ha acreditado debidamente que la demandante haya incurrido en comportamientos susceptibles de ser sancionados con el despido. La acreditación de los hechos imputados se asienta esencialmente en el informe emitido por el Comité de Control Interno en relación a la obra de Flix. Sin embargo existen motivos para cuestionar el valor probatorio de ese documento. En primer término, una de las personas que firma ese informe fue ingresada en prisión por el Juzgado Central de Instrucción que tramita la causa penal. Si bien es indudable que asiste a esa persona el derecho a la presunción de inocencia en tanto no sea condenado en firme, parece lógico pensar que esa incidencia obliga a tomar ese informe con cierta cautela. En segundo término, como pone de manifiesto el informe pericial de la parte actora, debidamente ratificado en el acto del juicio, existen otros motivos para cuestionar la imparcialidad de los miembros de ese comité interno, ya que al menos parte de los mismos han participado en el proyecto a auditar o dependen jerárquicamente de otros cargos con responsabilidad en el proyecto”.
Asimismo, en otro párrafo, se escribe que “Es cierto que una resolución dictada en fase de instrucción de un proceso penal contiene siempre conclusiones provisionales, no equivalentes a la sentencia que se dicte tras el juicio. No obstante, ello no priva de valor a esa resolución, máxime si se considera que ha sido dictada, como es evidente, por un magistrado imparcial y que en la misma se acuerda la medida cautelar de prisión provisional, que es notorio que solo procede cuando existen indicios de criminalidad de especial solidez”.
[31] http://vozpopuli.com/actualidad/81213-la-carta-de-una-represaliada-de-acuamed-que-ignora-tejerina-demuestre-su-repulsa-a-la-corrupcion
Agua, energia y decrecimiento 